Descripción del proyecto

Los partidos políticos son, de acuerdo a la Constitución Nacional argentina, instituciones fundamentales del sistema democrático. Sin embargo, los sondeos de opinión durante las dos últimas décadas revelan sistemáticamente la pérdida de arraigo social de estas organizaciones. A este fenómeno, que es visible en la inmensa mayoría de las democracias, se agrega en Argentina un creciente proceso de desinstitucionalización y fluidez. Algunos indicadores al respecto son el creciente transfuguismo partidario, la fugacidad de muchos partidos y la volatilidad tanto de la oferta electoral como del voto.

En ese contexto, el modo en el que se regula la actividad de los partidos políticos aparece como una variable recurrentemente observada y criticada, no solo por parte de los actores partidarios sino también de la prensa y la opinión pública en general. A modo de ejemplo, en el proceso electoral actualmente en curso volvieron a plantearse debates públicos en torno a dos aspectos cruciales del régimen legal: el mecanismo de selección de candidatos a través de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), puesto en discusión a partir de la ausencia de competencia en la categoría presidencial, y los requisitos para la oficialización de candidaturas, puesto en discusión a partir del hecho de que un pre-candidato presidencial pudo perder a último momento la posibilidad de competir por la ausencia del sostén jurídico.

Por cierto, el régimen legal no es la variables explicativa principal de estas circunstancias ni su reforma podría ser condición suficiente para su solución. Sin embargo, es posible afirmar que diferentes esquemas institucionales generan incentivos que estimulan distintos comportamientos.

En las últimas décadas ha aumentado en forma excepcional la regulación sobre la creación y funcionamiento de los partidos políticos. Un número creciente de países cuentan con regulaciones específicas sobre el tema, y estas regulaciones cubren un campo cada vez mayor de actividades.

La tendencia hacia una regulación cada vez más extensa y exhaustiva involucra tanto a las democracias establecidas como a las nuevas o restauradas democracias latinoamericanas. Son embargo, es en estas últimas donde la “inflación” legislativa parece darse en las últimas dos décadas con mayor vigor.